Gendarmería de Chile recibió en 2020 un ingreso total de $462.906.298 de los cuales destinó a gastos de bienes de servicio de consumo, un total de $92.445.693. Según lo indicado en el Manual de Derechos Humanos de la Función Penitenciaria, dentro de las prestaciones básicas de consumo, se encuentran infraestructura, alimentación, vestuario y salud.
Los gastos correspondientes a estas necesidades de las personas privadas de libertad equivalen a menos del 20% del aporte fiscal entregado a Gendarmería, y no es especificado cuánto va dirigido al tema salud. Esta baja cifra corresponde a lo destinado a todo el territorio nacional.
Además, no se aprecia en la malla curricular bajo la que estudian los gendarmes si reciben preparación para tratar con personas que padecen distintas condiciones, ya sean enfermedades o embarazos, a pesar de que en los lineamientos para modernización de Gendarmería de Chile, se propone hacer cambios en la misma para mejorar los procesos formativos.
Lo que sí queda claro, gracias a noticias relacionadas al tema, es que distintos centros penitenciarios realizan capacitaciones en materia de primeros auxilios, impartidas por otras instituciones y organizaciones. En ellas participa el personal del centro en cuestión, pero no es posible determinar que se realicen en todos los recintos, ni que sea para todos los gendarmes.
Esta falta se puede ver reflejada en los testimonios de mujeres que estuvieron privadas de libertad ha llevado a distintos hechos de violencia injustificada.
La experiencia de Javiera en prisión es reflejo de esta situación. “Gendarmería lleva tantos años con mujeres privadas de libertad que para ellos, todas mienten, todas las enfermedades son psicológicas (…)”, dice la mujer, “la gente critica a los presos, pero díganme, si el trato que tenemos dentro de la cárcel, nos sacan la mugre, nos pegan. Con los hombres es peor”.
Misma opinión tiene la directora ejecutiva de la Asociación de Matronas y Matrones de Chile (ASOMAT), Katiuska Rojas:
En las manos del Congreso
La organización LEASUR ha asesorado y apoyado el proyecto de Ley Sayen, ingresado el 4 de enero de 2017 por los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana, llamado así por el caso de Lorenza Cayuhán y su hija Sayén.
Marcela Jofré, abogada y directora técnica de la organización, explica que es una iniciativa que consiste en que en el caso de mujeres que tengan hijos de hasta tres años y mujeres embarazadas, pueden suspender el cumplimiento de la condena hasta que el hijo cumpla esa edad. Aclara también, que esto no significa que la condena no se vaya a cumplir ni que sea una condonación, sino que esta es suspendida, ya que luego la mujer debe ingresar y cumplir con lo dictaminado en su juicio.
El día 20 de mayo de 2021, se aprobó en general el proyecto, con 19 votos a favor y 13 en contra, dando paso a que el día 25 de junio se realizara su discusión en particular en la Comisión de Derechos Humanos. En esa segunda instancia, de acuerdo al boletín de la sesión, se está debatiendo sobre cuáles condenas es aplicable esta reformulación del Código Penal.
¿Es esto suficiente?
Para la ex matrona de Gendarmería, María Teresa Inostroza, la ley es un tema con el que se debe ser cauteloso, declarando que “si la ley apunta solo a la maternidad de gestación, embarazo y lactancia, hay que tener cuidado”, esto ya que en su opinión, los niños mayores también necesitan de su madre, y que más allá de la ley, debe revisarse el por qué las mujeres delinquen.
Un pensamiento similar comparten Myr Chávez, Vania Gallardo y Daniella Misle, representantes de la Fundación Pajarx Entre Púas – colectiva transdisciplinaria feminista que trabaja desde la pedagogía, el cuerpo, el arte y la memoria -, ya que bajo su mirada, esta ley no ataca el problema de fondo. “Retirar a una mujer de la sociedad cuando su hijo o hija cumpla tres años tampoco resuelve el problema” declaran, además que dicen sentir que es un incentivo a que las mujeres se embaracen porque lo verán como una salida, y que hay que plantearse el cómo y por qué las mujeres entran a la cárcel.
Galo Muñoz, abogado y director del Observatorio Social Penitenciario, dice tajantemente que las mamás con hijos no pueden estar privadas de libertad.
Lorena Astudillo, integrante de la Red Contra la Violencia Hacia la Mujer, es enfática en decir que en relación a la maternidad y los niños, “es todo muy bonito hasta que eres pobre y estás presa (…) me genera indignación que tengamos que hacer leyes para que una mujer pueda parir en buenas condiciones”. Es en este sentido en el que declara, por las senadoras que votaron en contra del proyecto, es que “el tener vagina no condiciona tener conciencia de la sociedad, ni tener pene te hace un opresor (…) hay algunos que tienen mayor conciencia de esto y hay otras que siguen en su mundo privilegiado, no dispuestas a ceder ningún espacio a las mujeres”.
*La calidad de los videos y audios puede presentar complicaciones, debido a que las entrevistas fueron realizadas vía GoogleMeet