Jessica (47) – cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad – llegó en 2018 a la cárcel de Valparaíso. Trabajó en la cocina y producto de la fuerza que tenía que hacer al bajar los “fondos” con comida, sufrió una luxación en su hombro izquierdo. “Amanecí con un dolor y pedí que me llevaran a la enfermería. Un paramédico me dijo parece que se te salió el hombro, vamos a pedir que te bajen al hospital”, recuerda ella. “Me vio un doctor, y el decidió que no me iban a llevar, llamó a otro tipo y le dijo que me lo acomodara, el gallo me tiró el brazo y me pusieron el inmovilizador, pero no me dieron nada para el dolor, nada”.
Apretar imagen para ver más
Desde 2013 que el Instituto Nacional de Derechos Humanos realiza los Estudios de Condiciones Carcelarias, que reflejan el interior de los recintos penitenciarios del sistema cerrado de Chile. Estos estudios presentan los resultados de las inspecciones en las cárceles, con informes que abarcan distintas aristas relacionadas con la integridad personal de la vida al interior de la prisión, entre ellos, la enfermería.
Su propósito es evaluar la aplicación y cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos al interior de recintos penitenciarios, visibilizando las condiciones de vida e identificando posibles vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad.
Son estos informes los que indican cuáles centros son los que albergan población femenina en sus instalaciones, si es que tienen módulo o sección para embarazadas y lactantes, y también si cuentan con atención especial para las gestantes.
De acuerdo al Manual de Derechos Humanos de la Función Penitenciaria, capítulo 7 Derecho a la Salud, se indica que “dentro de los recintos penitenciarios se dispondrá de un equipo de salud que conste al menos de un médico, enfermero, asistente social, psicólogo y técnico paramédico, quien tiene la responsabilidad de lograr que se satisfagan las normas de salud adecuadas”.
A pesar de existir 30 centros penitenciarios en los que hay población femenina privada de libertad, habiendo 17 módulos exclusivos para mujeres embarazadas y con sus hijos, son 13 las que cuentan con personal gineco-obstétrico y solo 2 de ellos cuentan con equipo médico base completo, según lo descrito en cada uno de los Informes de Observación Penitenciarios del INDH.
La falta de personal y sus consecuencias son claras para Javiera (46) – cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad – quien salió del Centro Penitenciario de San Miguel en 2019, luego de reincidir por tercera vez, por lo que conoce muy bien el funcionamiento interior del lugar.
“Cuando llega el día de enfermería, que es un día a la semana uno puede ir y las funcionarias te van anotando, si tu les caes mal, ellas no te llaman nunca a turno” declara la mujer, agregando también que en ocasiones se les hacía firmar una lista para entregarles todos los remedios del mes. “Hay personas que no están capacitadas para tener pastillas al alcance, si a alguien le da la locura se las meten todas y les afecta, y a los funcionarios no les importa. Vi cuando una compañera se colgó y pasaron más de tres horas para que la vieran. ¡Quedó ahí colgada!”.