Una ley que no llegó a la meta
Burlas, maltratos, gritos, humillaciones. Si años atrás en Chile o el mundo un entrenador de alto rendimiento hubiera realizado constantemente hacia Trinidad o cualquier deportista algunos de estos abusos, probablemente no le hubiese pasado nada.
En los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se demostró que la salud mental de los deportistas no estaba del todo bien. Simon Biles, Naomi Osaka, entre otros deportistas se retiraron de la competencia debido a que sufrieron abusos y maltratos durante años. Pero hoy, agotados de injusticias, decidieron decir basta dando a conocer su verdad. Y el escenario chileno no es ajeno a este fenómeno.
Es por esto, que en 2020 se promulgó la Ley N° 21.197, que tiene como consecuencia la creación del primer protocolo contra el abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato en el deporte, el cual modifica la actual Ley del Deporte.
Así, Trinidad vio, por fin, la oportunidad de que el sistema la protegiera frente a situaciones de vulnerabilidad. Pero la realidad es que la existencia del protocolo en Chile no cambió mucho las reglas del juego.
Por 20 años los deportistas de alto rendimiento estuvieron completamente desprotegidos por el Estado frente a sus entrenadores, a menos que estos cometieran delitos sancionados por el Código Procesal Penal. Sin embargo, hasta el día de hoy, el maltrato psicológico no está tipificado.
Tampoco existía para los deportistas algún tipo de conducto regular a través del cual denunciar alguna problemática relacionada a la salud mental, simplemente quedaba a la buena fe de las organizaciones deportivas abordar estas situaciones.
Es por esa razón, de histórica desprotección, que el protocolo aparece como una herramienta de prevención y sanción para frenar una cultura deportiva donde el rendimiento se instala por sobre el bienestar de los atletas.
Pero el protocolo en vez de funcionar como una solución, actuó muchas veces como un problema cuando Trinidad decidió alzar la voz y denunciar a su entrenador Nicolás Mafio.
La deportista y su familia descubrieron que, a pesar de la existencia de una la Ley, esta no era obligatoria para las organizaciones.
Actualmente, en el Instituto Nacional de Deporte (IND) existen aproximadamente 25.000 instituciones en su registro oficial, de esas, según datos obtenidos mediante la Ley de Transparencia, a octubre de 2021 solo 4.806 continúan activas y de estas últimas, únicamente alrededor el 20% se encuentra acogida al protocolo, ¿por qué?
Esta norma no contempla ninguna sanción para aquellas organizaciones que no la adopten. Y aunque sí limita la entrega de recursos estatales a aquellas que no lo implementen, la realidad es que la mayoría de las instituciones deportivas en Chile son privadas, por lo que no necesariamente requieren de estos recursos para funcionar. ¿Letra muerta?
En el caso de Trinidad, el Comité Paralímpico de Chile (COPACHI) sí estaba adscrito a la Ley 21.197, por lo que pudo denunciar, sin embargo, esto no fue impedimento para sufrir una serie de inconvenientes a lo largo del proceso.
El primer escollo es el recibimiento a las víctimas, uno de los puntos primordiales que toma en cuenta y menciona ampliamente el protocolo. No obstante, al momento de ingresar su denuncia al COPACHI, Trinidad pudo experimentar la poca preparación que se tenía dentro de la institución para llevar el caso.
Una de las figuras claves que se establece dentro del protocolo es el Responsable Institucional, encargado de recepcionar las denuncias y efectuar todas las diligencias necesarias para una adecuada canalización que permita entregar apoyo efectivo, asesoramiento psicológico e incluso legal a la víctima. No obstante, para Trinidad ninguna de estas promesas llegaron. Ni para la mayoría. Puesto que gran parte de las organizaciones deportivas no han sido capacitadas para aplicar el protocolo de manera adecuada.
“Estos Responsables Institucionales conocen menos que cualquier persona el protocolo, no saben cómo ayudar a las víctimas, las personas que forman el directorio están todavía más alejadas de la realidad, entonces existe menos interés primero en conocer las situaciones que están pasando y segundo, cuando ya hay una sentencia, tener una comunicación fluida (…) Son ellos mismos los que no quieren informarse, no quieren tomar las medidas, no se preocupan, si uno quiere concretar una reunión con ellos no te llaman”.
Francisca Viera, abogada experta en el protocolo
El Ministerio de Deporte (Mindep) y el Instituto Nacional del Deporte (IND), son los organismos encargados de promover la adherencia al protocolo a través de capacitaciones que permitan a la comunidad deportiva implementarlo y comprenderlo.
“Yo en el mes de enero, si no me equivoco, comencé a hacer un levantamiento llamando a distintas organizaciones a lo largo de Chile y comencé a preguntar: oye ustedes se acogieron al protocolo, adecuaron su estatuto, porque tienen que hacerlo. O sea, empecé con las organizaciones que conozco en el país y ahí me pude dar cuenta que habían muchas que ni siquiera estaban enteradas. No habían recibido capacitación”.
Erika Olivera, diputada participante en la creación de la Ley N° 21.197
Hasta el momento desde el IND no se han realizado capacitaciones que aborden únicamente el protocolo. La única actividad se realizó en marzo de 2021 a través de una campaña comunicacional y para el resto del año el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, comenta escuetamente que “nosotros estamos de salida, nos vamos en marzo, pero queremos tratar de dejar hecho algo”.
Y es que tal como menciona la abogada Francisca Viera, la preparación de aquellos que son los encargados de recibir a las víctimas es bastante precaria y desconocen cuáles son los pasos a seguir cuando llega una de ellas.
Es el mismo Responsable Institucional del COPACHI el que admite que fue una “obligatoriedad para poder cumplir y seguir teniendo los recursos y que obviamente todavía hace falta mayor difusión”.
El COPACHI tiene el deber de “promocionar” el cumplimiento de este documento hacia las distintas organizaciones, pero hasta hoy incluso aquellas que están adscritas al protocolo no saben cómo implementarlo, ¿con qué herramientas van a ser capaces de promover y ayudar a casos como el de Trinidad cuando el mismo director del COPACHI mencionó de manera contradictoria el no haber tenido conocimiento del maltrato que ocurría al interior de su institución con este entrenador?
(Con respecto a Mafio) “De acuerdo a lo que nos contó la mamá, le había dicho que estaba gorda y un montón de cosas, entre otros antecedentes secundarios, tiene conductas inapropiadas, tiene solo un tema de habilidades blandas con respecto a sus deportistas (…) Yo lo vi participar en algunos entrenamientos, pero nunca he visto maltrato así literal”.
Ricardo Elizalde, director del COPACHI
La familia de la víctima, al ver la poca preparación del COPACHI, decidió buscar ayuda a través del Mindep. Organismo que respondió con una prohibición a la entrada al Estadio Nacional al entrenador Mafio.
Esta orden se pudo concretar solo porque el Centro de Alto Rendimiento (CAR) depende del Estado, si hubiese sido cualquier otro recinto privado, probablemente Trinidad continuaría enfrentándose a diario con su maltratador. En ese caso, el Mindep, IND y el COPACHI tienen las manos completamente atadas.
El hecho de que la mayoría de las instituciones deportivas sean privadas en Chile genera que la fiscalización o ayuda que puedan prestar las autoridades se vea reducida. Ante esto, Otero comenta sobre las dificultades en la fiscalización del cumplimiento del protocolo en las distintas organizaciones:
La Responsable Institucional del IND, Javiera Reyes, agrega que incluso teniendo el poder de fiscalización, no se tienen atribuciones que permitan actuar de una manera más interviniente:
Por otro lado, la directora de la Oficina por el Respeto del Comité Olímpico de Chile (COCH), María Loreto González, coincide en que desde los organismos privados las facultades que tienen son limitadas y que, por razones legislativas, “hay cosas que no pueden hacer”:
En suma, no está claro quién es el responsable de este vacío administrativo, y más grave aún, tampoco existen registros acerca de cuál es la magnitud real del problema. Hasta septiembre de 2021 el IND -la única organización mediante la cual se pudo acceder al número de acusaciones-, ha recibido solo 8 denuncias a través del protocolo.
Por el momento, no se contempla la creación de un registro nacional de denuncias, y si bien la ley establece el plazo de un año para que las organizaciones entreguen esta información al IND, Javiera Reyes comenta que recién en febrero podrán recibirlas. Si esto no sucede, no habrá repercusión para las organizaciones adscritas, puesto que no existe ningún tipo de castigo.
Trinidad aún tirita, y no puede escuchar ruidos fuertes, pero al menos pudo comprobar que su maltratador era culpable. Sin embargo, a lo largo del territorio nacional, todavía son muchos los deportistas que nada pueden hacer frente al maltrato, ya que cerca del 80% de las instituciones no se han adscrito al protocolo. Esto genera una cifra negra con respecto a la magnitud de un fenómeno que ocurre silenciosamente detrás de cada medalla que ganan los deportistas.