Escombros de la construcción y demolición: Los residuos olvidados de la Región Metropolitana

Johana Jorquera (37), el año 2012 obtuvo un subsidio para vivir en la calle Recalada Oriente en la comuna de La Florida, con promesas de que su patio trasero se convertiría en un parque. Sin embargo, ese proyecto nunca llegó a término. Hoy el terreno corresponde a un pozo de 32 hectáreas, el cual es rellenado con escombros por más de 100 camiones al día convirtiéndose en un riesgo constante para sus hijos de ocho y dos años. 

El patio de la casa de Johana Jorquera se encuentra a menos de diez pasos de las paredes del pozo, el cual tiene más de 30 metros de profundidad. Por lo que fabricó una reja de madera para la seguridad de sus hijos y de esta manera evitar un accidente.

 “Acá nosotros tenemos todo como ves, con madera así nomás. Todo tiene que estar cerrado por ella (su hija de dos años), porque los niños corren. No les importa, por lo que uno se asegura con rejas…Acá todos los vecinos han hecho su propia seguridad”.

Ni la empresa a cargo de la planta, Regemac, ni la Municipalidad de La Florida se han hecho cargo del constante riesgo que significa para más de diez familias el funcionamiento del sitio. Por lo que Johana Jorquera expresa: “Todo el tiempo que yo llevo, jamás han venido a decirnos si necesitamos algo, si estamos bien o si nos molestan los olores. Tampoco nos dicen cómo funcionan, incluso botan escombros y hay mucha gente que viene y se mete al hoyo a sacar basura”.

El pozo de 30 metros es uno de los diez sitios autorizados por la Seremi de Salud para el tratamiento adecuado de residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales están ubicados en cinco comunas de la zona Sur Poniente de Santiago y cuentan con permiso para recibir residuos inertes (tierra, piedras, gravilla, etc.), los que son generados en obras de construcción y demolición.

Fuente: elaboración propia.

La Región Metropolitana genera más del 40% de todos los escombros producidos por la construcción a nivel nacional. Además, estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) indican que la región aumentó en un 7% su generación de RCD entre 2018 y 2019. 

Sin considerar que la generación de estos residuos va en aumento, es importante el escenario de la Región Metropolitana debido a que la demanda de las plantas autorizadas es cada día mayor. De las ocho plantas visitadas, una no recibe escombros y otras dos están en su etapa de cierre al haber alcanzado su capacidad máxima. Por lo que los escombros de la construcción y demolición son los residuos olvidados de la RM. 

Felipe Ossio, doctor en construcción sustentable de la Universidad Católica, relaciona el crecimiento de la generación de estos residuos con una equivalencia tangible a su volumen. Para el experto, los escombros generados por la RM al año permitirían construir dos Costanera Center.

Para este reportaje se realizaron entrevistas a entidades públicas y privadas sobre la actual gestión de residuos de construcción y demolición en la Región Metropolitana, con la finalidad de descubrir cómo se lleva a cabo la gestión de RCD y las fallas en el sistema. 

A partir de la investigación realizada en terreno y vía online se demostró que las diez plantas de disposición final de residuos de construcción y demolición que cuentan con autorización en la Región Metropolitana, no tienen una normativa para su funcionamiento, el tratamiento de este tipo de escombros ni los efectos en las comunidades aledañas.

“Jamás han venido a decirnos si necesitamos algo, si estamos bien o si nos molestan los olores. Tampoco nos dicen cómo funcionan”

Fiscalización en manos de pocos

“No hay ninguna norma en Chile que indique cómo debiese funcionar un sitio de disposición final de estos residuos. No existe” – Álvaro Conte, gerente de la planta Regemac.

“Hoy día no existe una normativa de los sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición que establezca cuales son las condiciones operacionales de los lugares donde solo manejo linealmente los RCD” – Álvaro Ríos, subsecretario regional del Ministerio de Medio Ambiente de la Región Metropolitana.

Álvaro Conte, gerente de la planta Regemac, cuenta que hace tres años fueron fiscalizados por no poseer una autorización para maniobrar la separación de materiales, él apeló a la multa y decidió no pagar por ello. Y asegura: “Yo reclamé, no pagué la multa y estamos peleando, pero eso te demuestra que la autoridad no sabe a dónde va, no tiene clara la película”.

Regemac continúa desempeñándose como pozo de disposición final de RCD a metros de sus vecinos, quienes no han sido contactados por los responsables. 

Según Álvaro Conte, el contrato para que el sitio pudiese iniciar sus actividades en el terreno, indicaba que debían cercar el pozo con un muro de hormigón, seguridad que hasta el día de hoy es inexistente para los vecinos de Avenida Recalada Oriente, cuyas casas colindan con los escombros.

¿La municipalidad nunca les exigió que tenían que tener un muro ?

No. Nosotros tuvimos una reunión en la entrada y dijeron que no podíamos empezar mientras no estuviera todo cercado … Yo dije que lo hicieran porque dentro de mi contrato está que el dueño del sitio me tiene que entregar el pozo cerrado. Pero no lo entregó.

Fuente: elaboración propia.

Cada uno de los sitios de disposición final de RCD tiene una resolución sanitaria que establece el tipo de escombros que pueden recibir. En el caso de que un fiscalizador detectara que el sitio no está cumpliendo con los requisitos establecidos, se puede realizar un sumario sanitario y  multar por  una incorrecta gestión de residuos que tienen un rango entre cero y 1000 UTM.

La cantidad de multas emitidas a los sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición fueron solicitadas vía Ley de Transparencia a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Al finalizar este reportaje esta información aún no había sido entregada.

En materia de fiscalización de RCD, hay dos organismos públicos que actualmente cumplen como agentes reguladores de residuos. La Seremi de Salud, que se encarga de las plantas de disposición final y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), que regula a las empresas generadoras y sus declaraciones en el SINADER.

 La fiscalización al incorrecto funcionamiento de los sitios de disposición final de RCD, está entre las competencias de la Seremi de Salud. Según información obtenida a través de la Ley de Transparencia, existen solo dos funcionarios públicos encargados de revisar las diez plantas de la Región Metropolitana y más de 900 sitios ilegales.

Actualmente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no reconoce el concepto de “residuo de la construcción y demolición”. Por lo que la Seremi de Salud y el MMA no comparten su rol como agentes fiscalizadores debido a que las plantas solo cuentan con autorización sanitaria.

Como las plantas de disposición final no cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el brazo fiscalizador del Ministerio de Medio Ambiente, no las puede fiscalizar. 

Respecto a los diferentes actores en la gestión de residuos, son tres los que se encuentran expuestos a la fiscalización por parte de organismos públicos: empresas generadoras, transportistas y plantas receptoras de residuos de la construcción y demolición.

Las empresas generadoras, deben declarar una vez alcanzadas las 12 toneladas de escombros en la obra a través del sistema de declaración de residuos del SINADER. A pesar de que la declaración está normada por el decreto uno del MMA, según el informe “Estimación y proyección de RCD”, que actualmente se encuentra en desarrollo dentro del ministerio, entre un 91% y 96% de las empresas que debieran llevar a cabo este ejercicio no lo hacen.

El informe a cargo de Rubén González, profesional de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular, evidencia que el SINADER registra en general cifras bajas, ya que solo un 4% del total de las empresas generadoras declaran.

La Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) es un organismo privado perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y tiene como objetivo  promover la innovación y el desarrollo tecnológico en la construcción. Ante el escenario de fiscalización hacia las empresas generadoras, Paz Maluenda, miembro de la CDT menciona lo siguiente:

Ante este escenario, Rubén González aclara que a pesar de la existencia de una reglamentación y sistema para la declaración, el ejercicio es deficiente tanto en el ámbito público como privado, lo que implica dificultades para llevar a cabo adecuadamente la trazabilidad de estos materiales o su crecimiento. 

Respecto a la fiscalización y multas al alto porcentaje de empresas que no declaran sus residuos generados en obra, Camila Romero, abogada de la Cámara Chilena de la Construcción, afirma que el bajo porcentaje de declaración está ligado directamente a la baja fiscalización por parte del Estado. “Esta es la única norma específica y obligatoria que está en un decreto que establece una obligación de informar al Ministerio de cuánto tú estás generando...Si las personas sintieran una mayor amenaza de recibir una multa, estarían más enfocados en cumplir con esta normativa”.

En materia de transporte de residuos, la Ley 20.879 fue instaurada el año 2015 por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está dirigida a las empresas generadoras, transportistas y choferes, la cual tiene como finalidad sancionar el transporte de desechos de RCD a vertederos clandestinos.

Sin embargo, los responsables de las plantas visitadas en la RM coinciden en que no está especificada una modalidad de trabajo o exigencias para su funcionamiento, como sería el caso del sistema de pesaje, el cual está presente en solo una de las diez plantas de la región. 

Alejandra Tapia, coordinadora del área de sustentabilidad de Construye 2025, proyecto de la Corfo junto a la mesa interministerial de la Hoja de Ruta. Enfatiza en la dificultad de fiscalizar el funcionamiento de sitios que no se encuentran normados, “no pueden fiscalizar algo que no existe … Es súper débil. Hay muy pocos recursos humanos, muy pocas personas destinadas a fiscalizar”.

Ante esta situación, Alejandra Tapia agrega:

Un sistema que no entrega respuestas

La comunidad de la Villa San Francisco, ubicada en el límite de La Florida con Puente Alto  se ha convertido en víctima de los efectos que conlleva el tráfico de camiones con escombros afuera de su casa y el constante levantamiento de polvo. 

Cynthia Blanco (32), vive hace 27 años frente a la planta Semot LTDA y comenta que se han intentado contactar con el MMA para instalar medidores de aire, pero que no han obtenido respuesta: “Nunca fue. Nosotros les decíamos que era cosa de solo ver los autos, pero quedó en nada. Y como acá la gente en general es poco organizada, se aprovechan de eso y las cosas quedan ahí”. 

Hay una escasa relación de los vecinos con los organismos públicos responsables de la incorrecta gestión de RCD en la Región Metropolitana. La cual es llevada a cabo por una mesa interministerial compuesta por diferentes organismos públicos, cuya misión es ser un instrumento guía para el desarrollo del sector de la construcción, con la finalidad de promover una gestión eficiente de recursos e incentivar la economía circular.

Uno de los puntos más criticados de la mesa interministerial es la falta de coordinación entre el sector público y privado. Desde la perspectiva de Paola Valencia, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se revisan las gestiones entre los diferentes organismos públicos partícipes en la mesa interministerial y se hacen preguntas con la finalidad de avanzar en esta temática.

Paz Maluenda, miembro de la Comisión de Desarrollo Tecnológico (CDT) y actor privado dentro de la gestión de RCD en Chile, aclara que para abordar este tipo de problemáticas se necesita una coordinación precisa con el sector público, el cual es lento y burocrático: “El avance es muy lento y se empiezan a caer probables negocios que hay detrás que son súper buenos modelos de negocio para fomentar esta gestión, se empiezan a caer por la lenta tramitación y las empresas se empiezan a desmotivar”, agrega.

Por otra parte, Evelyn Galdames, jefa de unidad de Gestión Ambiental del MOP comenta que los avances en gestión de RCD en el ministerio, no cuentan con un plan determinado y presupuesto para trabajar este tema. Como equipo buscan que el ministro o el subsecretario tenga la intención de avanzar en esta materia. “En los ministerios se hace por voluntad de cada uno de los profesionales que vamos contactando y de a poco vamos generando fondos, generalmente de otras organizaciones extras y así se trabaja”, aclara Evelyn Galdames.

Sin embargo, Paola Valencia actualmente no tiene conocimiento sobre cuáles son los requisitos o exigencias mínimas que deben cumplir las plantas de disposición final de RCD y ante este problema no se le ha consultado al Minsal sobre los criterios para autorizar una sitio o llevar a cabo la fiscalización de estos. 

El organismo público con mayor competencia respecto a la gestión de residuos de construcción y demolición es el Ministerio de Salud, el cual por medio de la Seremi, cuenta con un agente fiscalizador que tiene atribuciones para hacer una diferencia respecto a la actual gestión y tratamiento que se le da a estos materiales en la Región Metropolitana.

Luego de haber vivido casi tres décadas al lado de una planta de disposición final, Cynthia Blanco dice que la calidad de vida no es buena debido a la contaminación constante a la que se ve expuesta, “uno se acostumbra a la experiencia de vivir acá” agrega.

Norma inexistente

La planta Agrícola Alejandro Serani Eirl, ubicada en Pudahuel, al terminar la jornada laboral se llena de personas que buscan entre los residuos con la finalidad de ganar dinero a través del reciclaje de los materiales que no son tratados en la planta. 

Paola Mellado, encargada del sitio, al preguntarle sobre los riesgos que implica que una persona externa ingrese a la planta y sufra un accidente, hace hincapié en que no sería su responsabilidad. “Si esta gente entra en un minuto de operación y un camión lo atropella, hay un derrumbe o la máquina se tira marcha atrás y no la ve, es un tremendo problema… No dejo que nadie entre en horario de trabajo. Después de las 18:00 ya no tengo nada que hacer”, comenta.

Situación similar ocurre en la planta Regemac, donde personas que necesitan ganar dinero van a buscar materiales al sitio, con la finalidad de venderlos. “Todo lo que recuperan es de ellos, sacan entre 9 a 10 millones al mes entre todos, en metal y algo de plástico”, menciona Álvaro Conte, Gerente General del sitio de 32 hectáreas que funciona hace cinco años y pretende estar en operación durante ocho años más.

Esta práctica no considera los riesgos de una mala gestión o manipulación de estos materiales, los que se pueden convertir en un arma mortal para las personas que ingresan y no cuentan con equipo adecuado. 

Después de haber visitado ocho de las diez plantas que actualmente reciben RCD, se evidencian distintas metodologías de trabajo. Hay sitios que optan por revisar el contenido de los camiones en altura y otros deciden tener trabajadores al interior del pozo para asegurarse de que no ingresen materiales indebidos. 

Las plantas que gestionan residuos de construcción y demolición, no se rigen por una normativa o decreto en específico que detalle cómo deben funcionar o qué requerimiento deben considerar para cumplir con una correcta gestión en un marco sanitario y de seguridad. Por lo que se indagó en la normativa que regula estos recintos y en qué consisten las autorizaciones que brinda la Seremi de Salud a las diez plantas ubicadas en la Región Metropolitana. 

Ante este escenario, Alvaro Ríos, subsecretario regional del Ministerio de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, reconoce que Chile “actualmente está al debe en materia de normalización y una gestión circular respecto a los residuos de la construcción y demolición”. 

Fuente: elaboración propia.

Existen diferencias en cómo estos sitios reciben, tratan estos materiales y se relacionan con su entorno. Si bien hay pozos que se encuentran alejados de los vecinos, también hay otros de gran profundidad aledaños a comunidades sin contar con un muro de separación. 

Algunos sitios son rellenados de abajo hacia arriba con la finalidad de ir compactando los suelos del pozo y otros completan en dirección contraria, lo que genera que los residuos caigan más de 20 metros y se adhieran a las paredes de la planta, sin brindar ninguna medida de seguridad o prevención de riesgo. 

Al visitar ocho de los diez sitios de disposición final de RCD en la región, se identificó que solo tres de ellas cuentan con equipo de seguridad para las personas externas que entran a la planta. De hecho, a las investigadoras que desarrollaron este reportaje solo se les entregó equipo de seguridad en dos de las ocho plantas al momento de ingresar a los pozos. 

Una práctica común de seguridad en los sitios de disposición final de RCD es el regado de los terrenos por medio de camiones aljibe o piscinas limpia ruedas para los camiones, con la finalidad de disminuir el polvo y mejorar la visibilidad de los transportistas al minuto de desplazarse dentro del sitio. Sin embargo, las plantas “Trabún Ingeniería Ambiental y Construcción SPA” y “Agrícola Alejandro Serani”  optaron por no implementar ninguno de estos sistemas de seguridad. 

Hasta principios de mayo de este año, estuvo en Consulta Pública el “Proyecto de Reglamento Sanitario sobre manejo de Residuos de Actividades de la Construcción y Demolición” realizado por el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, el cual se espera que sea aprobado en dos años más. Pero hasta el día de hoy no ha sido instaurado como una normativa obligatoria para todos los sitios de disposición final autorizados.

La empresa Industrial y Minera Los Esteros LTDA, ubicada en San Bernardo, ha desarrollado sus últimos ajustes de funcionamiento en cuanto a lo dictado en aquel reglamento. Sin embargo, el Gerente General de la empresa, Pedro Pablo Larraín, menciona que uno de sus mayores miedos es que “de aprobarse el reglamento de RCD, la brecha entre los sitios de disposición final legal aumente”.

Al referirse al funcionamiento del sitio, el empresario destaca que su modalidad se ha vuelto atractiva para las empresas generadoras. Y agrega: “Prefiero hacerlo así porque me gusta, pero si es una exigencia me da susto que haya una brecha tan grande. Porque claro, esto lo hace más caro”.

Fuente: elaboración propia.

Empresas estratégicamente verdes

Nicolás Behar, CEO de la empresa Recylink, quien tiene la misión de guiar a diferentes compañías generadoras de residuos a cumplir con su responsabilidad empresarial con el medioambiente, critica la actual gestión de RCD por gran parte de las empresas generadoras: “Lo ven como la última prioridad, como un cacho del que tienen que salir rápido, lo ven como un problema en el que nadie se quiere meter”. 

La imagen y reputación corporativa, es lo que ha motivado a pocas empresas a cambiar su modalidad de trabajo y optar por una correcta gestión de sus residuos de construcción y demolición, lo que se ha convertido en un incentivo para gestionar los RCD de manera ejemplar.

Desde el 2019 hay una norma de carácter voluntario (NCh 3562) la cual especifica que la forma correcta de manejar este tipo de escombros consiste en realizar una separación de materiales en obra, trasladarlos a una planta de tratamiento que cuente con autorización por parte del Estado y finalmente declarar los residuos generados en el Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER)

María Eugenia Ubilla, jefa del Departamento de Medio Ambiente de la empresa demoledora Flesan, ahonda en lo que ha significado la gestión de RCD: “No es porque el rubro quiera ser más verde, en lo absoluto. Es por dos cosas, primero por cumplir normativas y el mínimo normativo; y lo segundo es porque básicamente el manejo de temas ambientales al interior de la empresa te permite marcar una diferencia y limpiar tu imagen”.

En los últimos años el manejo de residuos en las obras de construcción se ha hecho más conocido. Según expertos, la problemática principal para su implementación se debe a que existe un desconocimiento sobre el tema, ya que en las carreras relacionadas a la construcción no se aborda la gestión de escombros. 

Felipe Ossio, académico de la escuela de construcción civil de la Universidad Católica donde enseña sobre la gestión de residuos de construcción y demolición, comenta sobre la falta de educación en este tema: “Yo como alumno nunca escuché la palabra residuo y mis estudiantes, lo están escuchando hace cuatro o cinco años. Hay una generación que no sabe, entonces cuando voy y los capacito se quedan para adentro porque se dan cuenta que están perdiendo plata y comienzan hacer bien las cosas”.

Respecto a los beneficios económicos como un incentivo para llevar a cabo una correcta gestión de RCD por parte de las constructoras. Ingevec, es una constructora e inmobiliaria que entre sus motivaciones para cambiar la modalidad de trabajo identificó la disminución de un importante porcentaje en costos de la obra.

Andrea Romero, lidera el área sustentable de Ingevec y destaca la importancia de tener incentivos económicos para estos proyectos, “para lograr poner en marcha estas iniciativas se debe poner un tema de plata… Hablamos de un 10% de reducción de costos, asique por donde lo mires siempre van a tener un indicador de eficiencia”.

 Tratamiento adecuado

Bárbara Paz (47) vecina de la planta Baltierra en Puente Alto, hace 18 años se endeudó para lograr comprar su casa propia en el sector y siente que ninguna norma, ley u organismo público vela por su seguridad y bienestar. 

“Desde 2016 a 2019, fue un no vivir, mañana tarde noche. Con un nivel de eventos horribles, osea ni siquiera las ventanas cerradas y selladas evitaban que tu casa se impregnara del olor putrefacto”, detalla Bárbara Paz. Situación que en el 2019 detuvo el funcionamiento temporal de la planta debido a denuncias por parte de los vecinos.

El caso de Bárbara Paz está directamente ligado a una incorrecta gestión de RCD al interior del sitio de disposición final, debido a que al tratarse de la recepción y gestión de residuos inertes, estos no deberían emitir olores ni afectar a las comunidades aledañas. 

Respecto al crecimiento del rubro de la construcción y edificación en la Región Metropolitana, se estima un aumento en la generación de RCD para el 2050, que llegaría a alcanzar los 12 millones de toneladas anuales.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de un informe en desarrollo del Ministerio de Medio Ambiente.

Rubén González, encargado del sector de construcción del departamento de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, estima que la cantidad generada de escombros aumente exponencialmente. Respecto a este tema, el experto agrega lo siguiente:

La norma, de carácter voluntaria, aclara que es responsabilidad del usuario implementar prácticas adecuadas de salud, seguridad e higiene.  Es decir, no implica que todas las empresas que se desempeñan en el rubro de la construcción la apliquen.

Si bien la NCh 3562 se ha convertido en una guía para gestionar los residuos de construcción y demolición de la manera adecuada, esta no determina la importancia de establecer una regulación a los sitios de disposición final de RCD y tampoco  aborda temas de seguridad. Solo destaca la importancia de disponer los residuos en estos sitios y se deja de lado la mala gestión de estos lugares y los efectos negativos en las comunidades aledañas.

La iniciativa del Ministerio de Obras Públicas consiste en exigir el cumplimiento de esta norma en las diferentes licitaciones públicas con la finalidad de hacer partícipe al Estado de esta nueva modalidad de trabajo. 

Evelyn Galdames, jefa de Unidad de Gestión Ambiental del Ministerio de Obras Públicas, comenta que es complicado verificar si efectivamente las obras cumplen con lo solicitado a pesar de ser una obligación. “El Ministerio de Obras Públicas realiza más de tres mil obras al año, entonces hacer un seguimiento exhaustivo de cada una de ellas, es súper difícil”, agrega Evelyn Galdames.